El Ayuntamiento de Madrid ha realizado una campaña de inspección y control en empresas de alquiler de vehículos durante tres meses, de julio a septiembre, y las irregularidades así como los abusos por parte de estas empresas son menos que alarmantes.
Nueve inspectores han visitado 69 establecimientos repartidos por los veintiún distritos de la capital. De ellos, 52 presentaban alguna irregularidad, más de un 75%. Tres de cada cuatro establecimientos dedicados al alquiler de coches incumplen la normativa.
Son datos que pertenecen a la Campaña de inspección y control de alquiler de vehículos, realizada por el Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, a través del Instituto Municipal de Consumo.
La mayor parte de las infracciones corresponden con las cláusulas abusivas de los contratos, estas contradicen los principios de buena fe y justo equilibrio entre las partes, exoneran de cualquier tipo de responsabilidad al arrendador del vehículo, en casos como el mantenimiento del coche, responsabilidad del arrendador, además imponen un fuero jurídico para resolver los posibles conflictos que pudieran surgir, sin tener en cuenta el que le corresponde al consumidor o usuario. No penalizan los posibles retrasos por parte de la empresa en la entrega de los vehículos contratados, en cambio, sí se establecen penalizaciones en el caso de devolución tardía por parte del consumidor, e incluyen leyendas semejantes a «salvo error tipográfico».
El 10,1% de las empresas inspeccionadas no tenían hojas de reclamaciones a disposición de los consumidores, el 13% no las anunciaba en el local de forma visible al público y el 8,7% exhibían leyendas que inducían a error, vulnerando con ello los derechos de los consumidores. Todas las empresas que cometieron algún tipo de irregularidad se incoará el correspondiente procedimiento sancionador.
Es muy importante exigir el precio final del servicio antes de realizar la contratación, las empresas están obligadas a ello, al igual que la entrega de un justificante de la contratación efectuada.
Con la crisis que hay la gente busca alternativas, aunque sean ilegales, es la ley de la supervivencia